La Cañada Real vive un grave problema de exclusión social que se ha extendido durante décadas. Un poblado con casi 4.000 vecinos que sigue viviendo al límite de la ley, donde la pobreza extrema y el tráfico de drogas conviven junto a coches de alta gama, y donde la luz lleva un año sin encenderse. Decenas de planes de recuperación, siempre frustrados, se han sucedido desde que se puso la primera piedra (o estaca). El último de estos proyectos fue el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la de Delegación del Gobierno, los Consistorios de Coslada y Rivas. Sin embargo, las organizaciones y fundaciones solicitan más soluciones como el aumento del número de realojos, reducir los plazos establecidos, aumentar los servicios sociales, entre otros.
"Este plan supone un paso adelante de las instituciones, pero necesitamos más actuación, como el aumento del número de realojos por año y que se reduzcan los plazos de desmantelamiento, no podemos consentir que casi 2.000 niños vuelvan a pasar frío", cuenta a 20minutos el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez.
La Comunidad de Madrid fijó hace una semana la hoja de ruta que seguirá durante los próximos dos años en la Cañada, que incluye una veintena de actuaciones para este emplazamiento de 14 kilómetros, dividido en seis sectores, que discurren por la capital, Coslada y Rivas, y que incluirá el realojo de 160 familias del Sector 6, el derribo de edificaciones, medidas para enfrentar el frío, entre otras.
En este pacto entre administraciones se contempla que este sector vaya desapareciendo progresivamente, motivo por el que se está procediendo al realojo de las personas que viven allí. En este sentido, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, señaló que, hasta el momento y durante los dos próximos años, se habrá reubicado "a más de 300 familias, lo que supone el 30% del total".
Sin embargo, para Giménez esta cifra es insuficiente: "Me gustaría que hubieran más realojos, que fuese el doble o el triple. Ahora se producen 150 realojos al años, pero son insuficientes, hay 2.000 niños que van a pasar otro invierno sin luz", sostiene. Se refiere, indudablemente, al mayor déficit al que tienen que hacer frente estas familias: vivir sin prácticamente nada de electricidad porque Naturgy les cortó el suministro hace más de un año, alegando que en la zona había unas 1.500 conexiones ilegales que la empresa no puede controlar.
Hace unos años los cortes se producían de forma intermitente pero de un tiempo a esta parte el suministro eléctrico ha desaparecido por completo. El motivo no es otro que la seguridad para los propios vecinos de la zona, según señaló la consejera. "Las instalaciones incumplen la normativa de seguridad y, ante el riesgo de provocar incendios por los enganches, los cortes se producen de forma automática cuando se detecta un consumo muy elevado, algo que ocurre muy a menudo por el uso de la luz para el cultivo de drogas", sostuvo.
Realojar a las familias en tres años
Los máximos responsables de este pacto aseguraron que el desmantelamiento total de la Cañada se producirá en unos 10 años, algo que para la Fundación Madrina supone alargar el sufrimiento de estas familias. "Hay que reducir ese plazo a tres o dos años, no se puede prolongar tanto en el tiempo y debemos buscar soluciones con mayor celeridad", asegura Giménez.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, propuso en octubre, en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realojar a todas las familias de la Cañada en un plazo de tres años, a través de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.
Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que "es posible" desmantelar la Cañada en tres años, siempre y cuando lleguen los fondos europeos al Ejecutivo regional y los ayuntamientos afectados y la Policía Nacional acaben con la delincuencia en esa zona.
Más servicios sociales
Además, los participantes en el Pacto Regional por la Cañada Real se comprometieron a continuar prestando la asistencia de servicios sociales básicos, tanto los que corresponden a los ayuntamientos como aquellos especializados (tutela, mediación, inserción socio-laboral…) que corresponden a la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, las asociaciones aseguran que en este tiempo los servicios sociales han estado "ausentes". Se quejan de que las citas se suelen hacer por teléfono, y que en muchas ocasiones no reciben ninguna respuesta. "Están abandonados, sin recursos sociales ni sanitarios", añaden.
Desde Cáritas Madrid piden al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid que, además de pensar en el realojo de las familias, mientras tanto, adopten "medidas de emergencia", como proporcionarles catalíticas de butano, leña, pequeños generadores, que pongan autobuses lanzaderas a Rivas para que acudan a lavanderías o que les subvencionen el lavado de la ropa.
En este aspecto, desde la Delegación de Gobierno en Madrid aseguran que se trata de un emergencia social. "Remarcando lo de social porque si únicamente fuera un problema policial, como pretenden algunos, la solución sería 'fácil' de adoptar", señalan. Así, González recordó que la Cañada Real es el "gran drama de la Comunidad" y una cuestión de dignidad que afecta especialmente a sus "convicciones personales".
Pero mientras administraciones y distribuidora insisten en mostrar su buena voluntad para solucionar el problema, ya ha pasado un año y 4.000 personas, entre ellos casi 2.000 niños y niñas, se vuelven a enfrentar a la incertidumbre de tener que pasar otro invierno sin luz y pasando frío.
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